Categorías: Accesibilidad cognitivaPublished On: 2 de septiembre de 2026
  • Som - Fundació estudis

La aprobación del nuevo reglamento estatal de accesibilidad cognitiva consolida un derecho que afecta a millones de personas: poder entender la información, orientarse en los entornos y relacionarse con las administraciones en igualdad de condiciones.

La nueva normativa llega casi tres años después de que Cataluña aprobara su Código de accesibilidad, una de las regulaciones más avanzadas del Estado en este ámbito.

Un marco estatal para hacer comprensibles los servicios públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, una norma que establece cómo debe garantizarse este derecho en ámbitos esenciales de la vida cotidiana. Entre otros, afecta a los centros sanitarios, los transportes, las telecomunicaciones, las administraciones públicas, la justicia, los espacios culturales y los procesos electorales.
La norma establece que la información y la comunicación deberán ser fáciles de entender y estar disponibles en formatos accesibles, como el lenguaje claro, la lectura fácil, los pictogramas, los apoyos visuales o las herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión.
Esta medida beneficia especialmente a las personas con discapacidad intelectual, autismo, daño cerebral adquirido, problemas de salud mental o parálisis cerebral, pero también a otros colectivos que pueden tener dificultades de comprensión, como las personas mayores con deterioro cognitivo, las personas con bajo nivel de alfabetización o las personas migrantes que no dominan las lenguas oficiales.
  • hombre leyendo
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  • lectura fácil

La aprobación del reglamento estatal refuerza una línea de trabajo que Cataluña ya había impulsado con el Decreto 209/2023, por el que se aprobó el Código de Accesibilidad de Cataluña. Este texto incorporó de manera explícita la accesibilidad cognitiva dentro del concepto de accesibilidad universal, junto con la accesibilidad física y sensorial.
El Código establece criterios para que los espacios, los servicios, los productos, los transportes y los procesos de comunicación sean comprensibles y accesibles para todas las personas, con el objetivo de garantizar la autonomía, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Con la nueva regulación estatal, estos principios se consolidan ahora en un marco común para todo el territorio.

Comprender también es un derecho

La accesibilidad cognitiva sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en muchos servicios públicos. Documentos incomprensibles, trámites complejos o una señalización poco clara pueden convertirse en barreras que limitan el ejercicio de los derechos de muchas personas.
Por eso, la aprobación de esta norma supone reconocer que comprender la información es una condición imprescindible para participar en la sociedad y tomar decisiones sobre la propia vida.
En Som – Fundació sabemos desde hace tiempo que la accesibilidad cognitiva no es un complemento. Es una cuestión de derechos.
Porque cuando una información es clara y fácil de entender, se abren puertas. La puerta de participar, de dar tu opinión, de comprender qué está pasando a tu alrededor y, sobre todo, de tomar decisiones sobre tu propia vida.
Por eso, en 2019 pusimos en marcha nuestro programa de accesibilidad cognitiva. Desde entonces, hemos creado un grupo de validación formado por personas a las que acompañamos, hemos adaptado y validado documentos tan importantes como el informe de rendición de cuentas, hemos hecho más accesible la información sobre la entidad, hemos creado una revista en lectura fácil y colaboramos en la investigación sobre accesibilidad cognitiva con instituciones educativas tan relevantes como la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra.
  • personas en una parada de autobús
  • personas mirando un pictograma en una parada de autobús
  • personas subiendo a un autobús

El reto, sin embargo, no termina con la aprobación de una norma. Su eficacia dependerá de la capacidad de transformar sus principios en cambios reales en los servicios públicos, los trámites administrativos, la información institucional y los entornos cotidianos. Porque la accesibilidad cognitiva no consiste únicamente en adaptar documentos o incorporar nuevos recursos de comunicación: implica garantizar que todas las personas puedan comprender la información que les afecta, participar en la vida colectiva en igualdad de condiciones y ejercer sus derechos con autonomía. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad verdaderamente más inclusiva y accesible para todas las personas.

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