Som – Fundació ha participado en un estudio estatal para identificar por qué las personas con discapacidad intelectual no denuncian cuando son víctimas de un delito. Lo ha hecho en colaboración con la Asociación Liber, que ha abordado la problemática de las infradenuncias de delitos cometidos contra personas con discapacidad intelectual. Se trata de un fenómeno que afecta a numerosas víctimas de delitos que, por diversas razones, optan por no denunciar ante las autoridades competentes. Fruto de esta investigación, han presentado un estudio estatal y dos protocolos de actuación, elaborados estos últimos en colaboración con la Clínica Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos.
El contexto de las infradenuncias
La infradenuncia es un fenómeno que se produce cuando una persona o un grupo de personas son víctimas de un delito, pero por diversas razones no lo denuncian a las autoridades competentes. Es un fenómeno complejo, donde confluyen diversos factores y varían según el tipo de delito, las circunstancias y el contexto socioeconómico de cada individuo.
En cuanto al perfil de las víctimas, la mayoría son mujeres, personas que viven de manera independiente (con o sin apoyos) y con pocas necesidades de apoyo o necesidades de apoyo para cuestiones puntuales. Es muy relevante también que 1 de cada 3 víctimas de delitos no denunciados presentan otras discapacidades, además de la discapacidad intelectual o del desarrollo. En cuanto a los tipos de delitos, los relacionados con el abuso de poder, sobre todo los abusos económicos y los delitos relacionados con las violencias machistas, incluyendo la violencia sexual, son los que aparecen con más frecuencia, aunque también encontramos evidencias de estafas o robos.
La infradenuncia constituye un reto
Las infradenuncias no solo tienen un impacto directo en las víctimas, sino que también contribuyen a la impunidad de los perpetradores, a la falta de prevención de futuros delitos y al deterioro de la confianza en las autoridades.
En este contexto, Liber ha desarrollado dos protocolos, uno dirigido a profesionales y otro a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Estos protocolos proporcionan información esencial sobre delitos, el proceso de denuncia y ofrecen pautas para acompañar a las víctimas, con el objetivo de evitar las subdenuncias y promover la justicia.
