Hay días en los que las leyes no solo modifican artículos de un código. Hay días en los que cambian la forma de entender a las personas.
El 22 de julio de 2026 ha sido uno de ellos.
El Parlament de Catalunya ha aprobado la reforma del Código Civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas. La ley ha recibido un amplio respaldo parlamentario —124 votos a favor y 11 abstenciones— y ha adaptado la legislación catalana a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Más allá de la reforma jurídica, esta aprobación ha supuesto la consolidación de un modelo basado en el respeto a la voluntad, las preferencias y los derechos de las personas.
Durante el debate parlamentario, tanto el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, como el consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, han definido esta reforma como un auténtico «cambio de paradigma». Probablemente no exista una expresión más acertada.
Del «decidir por» al «decidir con»
Durante décadas, nuestro sistema jurídico ha partido de una idea que parecía incuestionable: cuando una persona no podía tomar determinadas decisiones, otra debía hacerlo en su lugar.
La reforma aprobada por el Parlament parte de una idea completamente diferente.
Todas las personas tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Y cuando necesitan apoyo, lo que deben recibir son los apoyos necesarios para poder decidir, no personas que decidan por ellas.
Puede parecer un matiz, pero supone un cambio profundo en la forma de entender la discapacidad, la autonomía y los derechos.
¿Qué prevé la nueva ley?
La reforma establece un sistema flexible de apoyos, adaptado a las necesidades de cada persona.
No existe una única respuesta.
La ley contempla distintas modalidades de apoyo: desde aquellas que pueden prestarse de forma natural en el entorno familiar o comunitario hasta medidas preventivas que la propia persona puede planificar para el futuro, pasando por la asistencia formalizada mediante escritura pública o resolución judicial.
También incorpora un elemento fundamental: las salvaguardias.
Es decir, mecanismos para garantizar que estos apoyos se presten siempre de acuerdo con la ley y respetando la voluntad, las preferencias y los derechos de la persona, evitando posibles abusos o conflictos de intereses.
¿Qué significa para las personas?
Esta reforma no solo ha cambiado los procedimientos jurídicos.
Ha cambiado la pregunta.
Ya no se trata de preguntarse quién decidirá por una persona.
La pregunta pasa a ser:
¿Qué apoyo necesita esta persona para poder decidir?
Este enfoque es mucho más respetuoso con la dignidad de las personas y con lo que establece la Convención de las Naciones Unidas.
¿Y ahora qué?
La aprobación de la ley ha supuesto un hito histórico.
Pero también ha marcado el inicio de una nueva etapa.
Ahora es necesario desplegarla y convertirla en una realidad.
Será necesario que jueces, fiscales, notarios, abogados y profesionales de los ámbitos social y sanitario incorporen este cambio de mirada a su práctica cotidiana.
También será necesario seguir impulsando resoluciones judiciales accesibles, documentos en lectura fácil cuando sea necesario y herramientas que permitan a las personas comprender la información antes de tomar decisiones.
Porque las leyes pueden cambiar el marco jurídico, pero los derechos solo se hacen efectivos cuando también cambian las prácticas.
El compromiso de Som – Fundació
En Som – Fundació hemos celebrado esta reforma porque refuerza un modelo en el que llevamos años trabajando.
Cada día acompañamos a personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos, tomar sus propias decisiones y construir su proyecto de vida con los apoyos que necesitan.
La ley ha marcado el camino.
Ahora nos corresponde, entre todos, conseguir que este cambio legislativo se traduzca en más autonomía, más participación y más derechos para todas las personas.
Créditos de las fotos: Parlament de Catalunya – Sergi Ramos Lavedesa